SERGIO ESTEBAN VÉLEZ

El Mundo,7 de diciembre de 2011

Los seres humanos consideran el trabajo como una actividad fatigante pero necesaria que no solamente los provee, a ellos y a sus familias, de los bienes necesarios para sobrevivir, sino que también les permite gozar de un nivel de vida superior al que tendrían si no trabajaran.

Hay quienes sueñan con ganar la lotería para poder jubilarse anticipadamente, mientras otros cuentan los días que les faltan para recibir la carta de jubilación aprobada que les permitirá llevar la vida de descanso con la que han fantaseado durante años…

Sin embargo, hay muchas personas mayores, llenas de lucidez y energía, que, a pesar de tener derecho a una pensión, no están interesadas en jubilarse ni en vivir sin sentirse “útiles”.  Son personas que viven en “eterno aprendizaje”, aman verdaderamente el trabajo y prefieren continuar sirviéndole a la comunidad hasta la muerte, hasta que la salud física y mental les permita continuar o… ¡hasta que las políticas gubernamentales los obliguen a retirarse!

El mes pasado, el gobernador electo, Sergio Fajardo Valderrama, anunció que su secretario de Gobierno sería el ex congresista liberal Iván Marulanda.  Poco después, hizo público que a cargo de la Secretaría de Educación estaría el ingeniero y ex vicerrector universitario Horacio Arango M. Pero, hace pocos días, el doctor Fajardo se lamentó de tener que reemplazar dichos nombres, dado que, por las llamadas “inhabilidades de edad”, estos capacitados profesionales no podrían ser vinculados a la administración departamental.

Esta inhabilidad que consigna nuestro ordenamiento jurídico (Decreto - ley 2400 de 1968, Decreto Reglamentario 1950 de 1973, Ley 27 de 1992) consiste en que ningún ciudadano mayor de 65 años de edad puede ejercer cargos públicos de la rama Ejecutiva en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, ni en sus entidades descentralizadas, en las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales.  Queda, sin embargo, por fuera de tal impedimento quien funja como ministro de Estado, director de departamento administrativo, superintendente, viceministro, secretario general de ministerio o departamento administrativo, presidente, gerente o director de establecimientos públicos o de empresas industriales y comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera, secretario privado de los despachos de estos funcionarios, y, por supuesto, todo aquel que sea elegido por voto popular.

Tras considerar esto, vale la pena preguntarse por qué para nuestra legislación un “adulto mayor” puede ser apto para desempeñarse como ministro o embajador, o como concejal o diputado, pero no, para ser, por ejemplo, secretario de Gobierno departamental. 

¡Es increíble que un Estado cuasi-liberal, como el nuestro, contemple esta clase de prejuicios absurdos! En mi concepto personal, el veto a quienes trabajen más allá de la “supuesta” edad  de jubilación no debería permitirse, ni mucho menos institucionalizarse.

Aunque nuestros legisladores seguramente habrán tenido en cuenta que después del sexto decenio de vida se presenta muchas veces disminución de algunas capacidades funcionales (como la fuerza muscular, la velocidad de asimilación y procesamiento de la información y la capacidad de respuesta), esta minoración varía de un individuo a otro (dependiendo no sólo de factores genéticos, sino también de otros de orden intelectual) y en muchas ocasiones resulta imperceptible (mucho más en la actualidad, cuando la esperanza de vida cada vez es más alta y la etapa de “vejez terminal” se aplaza cada vez más).  Además, se ha probado que, a dicha edad, el ser humano presenta un crecimiento de otras capacidades, como la precisión, la fiabilidad y el sentido de responsabilidad, amén de la riqueza en sabiduría, que sólo aportan los años.

En Canadá, donde habito, y en muchos países europeos, el índice de ancianos en el mercado laboral es cada vez mayor y se prevé que dentro de poco, dada la baja tasa de natalidad, los representantes de la “edad de oro” que trabajen dejarán de ser casos excepcionales y pasarán a ser la regla. 

El espacio de hoy se me acabó y me queda todavía mucho por decir sobre este tema.  Espero que la mencionada historia del gabinete departamental que no pudo ser por razones de discriminación de edad, estimule a alguno de nuestros honorables congresistas para que presente un proyecto de ley que logre corregir la inconveniente legislación actual al respecto.